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Samuel García y la Corte Penal Internacional

Por: Oscar Ríos



El pasado mes de julio, el diputado por Nuevo León del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó una supuesta denuncia contra el ex gobernador Javier Duarte ante la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad.

El diputado logró su objetivo, conmovió a miles de ciudadanos indignados por las mil y un razones que se le pueda acusar al ex mandatario de Veracruz, e inmediatamente llamó la atención de todos los medios de comunicación. Ante esta situación, me veo en la necesidad de escribir al respecto con el único fin de aclarar los posibles efectos de la supuesta denuncia, ejerciendo mi derecho humano a la libertad de expresión a través de este medio de comunicación, con el fin legítimo de informar a la ciudadanía sobre la realidad de este asunto.

Foto: publimetro.com.mx
Foto: publimetro.com.mx

Para un mejor entendimiento, considero que es importante explicar de manera muy sencilla qué es y qué hace la Corte Penal Internacional. En ese sentido, dicha Corte tiene como antecedentes histórico-jurídicos otros tribunales internacionales que la humanidad se vio en la necesidad de constituir por diversos acontecimientos históricos drásticos y trágicos, como la Segunda Guerra Mundial, los miles de conflictos armados y genocidios en Ruanda, Sierra Leona y la Ex-Yugoslavia; motivo por el cual se crearon tribunales penales internacionales con determinada temporalidad para cada situación geográfica y específica. Así las cosas, en 1997, en la ciudad de Roma, Italia, la comunidad internacional decide reunirse para crear una Corte Permanente, con el objetivo principal de prevenir y castigar este tipo de acontecimientos inhumanos que hoy en día, y por cómo están las cosas, existe una gran probabilidad de que ocurran.

De esta manera, la actual Corte Penal Internacional puede investigar, procesar y castigar únicamente por cuatro crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Teniendo claro lo anterior, podemos entrar al fondo del asunto: la denuncia del legislador de Nuevo León.

Contextualicemos. Samuel García manifestó que denunció a Javier Duarte por la comisión de crímenes de lesa humanidad, específicamente por el escándalo de las quimioterapias falsas en Veracruz. Un mes después, manifestó que la Corte Penal Internacional admitió a trámite dicha denuncia y que empezarían las respectivas investigaciones inmediatamente.

  • Que un Estado miembro de la Corte Penal Internacional remita al Fiscal alguna situación en que se presuma que se cometió algún crimen de la Corte.
  • Que el Consejo de Seguridad de la ONU remita al Fiscal de la Corte Penal Internacional alguna situación.
  • Y el mismo Fiscal de la Corte decida iniciar una investigación.

El fundamento de lo anterior se encuentra en el Artículo 13 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Dicho estatuto es el instrumento jurídico creador de la mencionada Corte. En este ordenamiento jurídico se encuentra todo lo relativo a los aspectos sustantivos y adjetivos que rigen la administración, funcionamiento, facultades de las Salas Judiciales, de los Jueces, de las víctimas; los derechos de la persona acusada, entre otras cosas más de la Corte. Entonces, resulta que el diputado García no tiene legitimidad para denunciar a absolutamente nadie ante dicha instancia internacional, ya que Estatuto de Roma no contempla tal posibilidad.

Foto: expansion.mx
Foto: expansion.mx

Ahora bien, bastó un mes para que el diputado de nueva cuenta informara y celebrara que la Corte admitió la supuesta denuncia y que empezarían las investigaciones inmediatamente. Para esto, es necesario mencionar que para que alguna situación sea admitida por la Corte, y ésta decida investigar, lleva tiempo, y mucho.

Les pongo un ejemplo: la primera persona a la que condenó la Corte Penal Internacional es el señor Thomas Lubanga Dyilo, sentenciado en 2012 a 14 años de prisión por crímenes de guerra, específicamente por reclutar y enlistar a niños menores de quince años para participar en conflictos armados en la República Democrática del Congo. La situación del Congo fue remitida a la Corte Penal Internacional por el mismo gobierno en Marzo de 2004. Después de un análisis preliminar, la fiscalía inició su investigación en junio del mismo año. Fue hasta febrero de 2006, que la Sala de Cuestiones Preliminares emitió una orden de arresto para el señor Lubanga. En enero de 2007 la misma sala confirmó los cargos al señor Lubanga (lo que vendría siendo el auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio mexicano), y fue hasta julio de 2012 que se declaró la responsabilidad penal internacional del Congolés.[1]

La página oficial de la Corte Penal Internacional nos muestra que en diez países se encuentran en etapa de examen preliminar; diez países bajo investigación, y 25 casos en total; México no sale en ninguno.

Es importante recalcar que este comunicado presentado por el legislador García no es el primero ni el único por parte de México. Durante el sexenio del ex presidente Calderón Hinojosa también se presentaron comunicados pero, hasta ahí llegó. De igual forma, también resulta trascendental que sí podría investigarse al Gobernador Duarte, o cualquier otra persona en México, ya que nuestro país es miembro de la Corte Penal Internacional al ratificar el Estatuto de Roma desde 2005, aunque es primordial señalar que existe un impedimento o falta de reconocimiento jurisdiccional por parte de México, de conformidad con el párrafo octavo del Artículo 21 Constitucional.[2] No obstante, si se iniciara alguna investigación en nuestro país no sería por la presentación de esta denuncia del diputado Samuel García.

[1] https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga/Documents/lubangaEng.pdf

[2]Artículo 21, párrafo 8°

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Oscar Ríos

Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Estudiante de maestría en defensa fiscal y administrativa. Oscar es un joven abogado que se ha desempeñado tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito público trabajó en la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente se desempeña como abogado postulante en materia administrativa, familiar, penal, propiedad intelectual y migración. Es también asesor externo de distintas empresas a lo largo y ancho del país y miembro de diversas Asociaciones Civiles. Es columnista en el Diario de Yucatán, La Jornada Maya y colaborador del CIDE en el apartado denominado “Derecho en Acción”.

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