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Sentencias inacatadas, consecuencias severas

Por: Oscar Ríos



¿Es necesario que se arme un escándalo para que instituciones y ciudadanía pongamos atención a una determinada problemática? Decepcionantemente creo que la respuesta a la pregunta anterior resulta categórica y consiste simple y sencillamente en un “sí”.

En el mundo del derecho, el cumplimiento de las sentencias siempre ha sido “el problema después del problema”. ¿A qué me refiero con esto? Que se supone que cuando concluimos con un juicio, no debe existir más dilema que desahogar, que simplemente cumplir con lo que ordena un juez después de escuchar a las partes y analizar las pruebas. Pero tristemente la realidad es otra.

Para aquellos que nos dedicamos al derecho o hemos litigado, sabemos perfectamente que el dictado de una sentencia no significa que es la conclusión de dicha disputa legal (independientemente si se desahogan recursos posteriores u otros medios de defensa), es más; sabemos precisamente, que en la mayoría de las ocasiones, está por iniciar un nuevo y segundo problema derivado del primero para que se cumpla con lo que dictó el juez en dicha sentencia, sobre todo si se trata de cumplimiento por parte de autoridades responsables en el juicio de amparo.

Foto: noticiasdeldf.com
Foto: noticiasdeldf.com

Para eso, podría argüirse que la Ley de Amparo contempla un “medio idóneo” que podemos encontrar en su Capítulo I del Título Tercero, el cual establece específicamente los plazos para el cumplimiento de la sentencia, el mini procedimiento para ellos, así como las consecuencias aplicables cuando la misma sentencia no es cumplida por la autoridad responsable.

Así las cosas, considero ideal que existan procedimientos para acatar sentencias pero mejor aún, que existan consecuencias graves para autoridades que no cumplan con las mismas. No obstante, el incidente de inejecución que establece la Ley de Amparo me resulta inadecuado. Esto es así, ya que su funcionamiento se basa en repartición de tareas a través de los distintos órganos jurisdiccionales federales; es decir, el Juez de Distrito, o el Tribunal Unitario de Circuito ordena el cumplimiento a la autoridad, apercibiéndola que de no hacerlo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte, quién decidirá si se le separará del puesto o se le consignará a la autoridad responsable por el delito de incumplimiento de sentencias.

Lo anterior resulta en más trámites y dilaciones procesales; más burocracia, tiempo perdido y como dije al inicio del presente artículo, un segundo problema derivado del primero, cuando supuestamente debió ser el fin de todo. Esto resultaría en una re-victimización y lo adecuado sería concentrar la facultad de este incidente en un solo órgano jurisdiccional; sin tener la necesidad de que el expediente pase por tantos juzgados o tribunales

Lo anterior es una simple propuesta para mejorar el sistema jurídico en un tema tan importante como es el cumplimiento de las sentencias, sobre todo para enfatizar la seriedad con la que se deben acatar las sentencias dictadas por el Poder Judicial.

El motivo del presente artículo proviene de la destitución y consignación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó a Israel Moreno, ex delegado de Venustiano Carranza por el incumplimiento de sentencias de amparo. Es completamente plausible lo anterior. Es una batalla ganada pero no la guerra para el Estado democrático de derecho. No podemos permitirnos como operadores jurídicos que esto siga ocurriendo sin las debidas consecuencias. No podemos tolerarnos que las sentencias se encuentren contempladas nada más en papel y que estas tarden en cumplirse o peor aún, no se cumplan. Es cuánto.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Oscar Ríos

Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Estudiante de maestría en defensa fiscal y administrativa. Oscar es un joven abogado que se ha desempeñado tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito público trabajó en la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente se desempeña como abogado postulante en materia administrativa, familiar, penal, propiedad intelectual y migración. Es también asesor externo de distintas empresas a lo largo y ancho del país y miembro de diversas Asociaciones Civiles. Es columnista en el Diario de Yucatán, La Jornada Maya y colaborador del CIDE en el apartado denominado “Derecho en Acción”.

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