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Sí a la inspección policial

Por: Italy Ciani


 

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la constitucionalidad del Artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha generado una polémica pocas veces vista. Dada la importancia del tema, es preciso detallar el contenido del numeral en cuestión:

 Artículo 268. En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad.”

Lo primero que hay que tener claro es que la policía puede inspeccionar a una persona, sin orden judicial, únicamente en dos circunstancias: en el marco de una detención en flagrancia o bien durante el desarrollo de una investigación.

Respecto a la primera hipótesis, el Artículo 146 indica los supuestos de flagrancia, entre los que destaca la posibilidad de detener a una persona, inmediatamente después de cometer el delito, en virtud de ser señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del mismo, aunado a que sea sorprendida en posesión de instrumentos, objetos o productos de dicho delito.

Foto: la-prensa.com.mx
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Es decir, para que la flagrancia se surta, es necesario un señalamiento directo de un tercero, que se corresponda con el hallazgo de un indicio, lo cual se verifica mediante la inspección policial, evidentemente, y ello opera en favor del propio imputado, puesto que el mero señalamiento no basta para su legal detención.

Ahora bien, por cuanto hace a la segunda hipótesis, es una facultad acotada consistente en la posibilidad de inspeccionar a una persona, siempre y cuando haya indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga, lo que implica que dicha revisión presupone la existencia de una investigación ya abierta, limita la revisión por fuera, es decir no es posible hacer una exploración íntima -en cuyo caso sí se requiere control judicial- y debe haber indicios de tal ocultamiento.

El Derecho Penal debe habilitar y limitar al poder punitivo, para que su uso no sea indiscriminado ni excesivo, estableciendo una serie de presupuestos básicos para su funcionamiento. El artículo en análisis justamente tiene ese propósito, pero también hay que tener claro que este imperativo forma parte del mundo del deber ser, el ser que no es como dice Zaffaroni.

Si en el ser -que como también señala el penalista argentino, siempre es- no se cumplen estos presupuestos básicos, su legitimación no será sólo culpa de la policía, sino de los otros operadores del sistema de justicia penal que no estarán haciendo debidamente su trabajo.

Foto: proceso.com.mx
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Una de las más férreas críticas ha sido el hecho de dotar de tal facultad no a la policía en abstracto sino a esta policía en su circunstancia específica, nuestra policía, cuyo desempeño deja tanto que desear, con su deficiente capacitación, los frecuentes abusos en su actuación y su precaria noción de los derechos humanos.

Tal argumento no es válido, puesto que equivaldría a afirmar, por ejemplo, que la oralidad no debiera ser una característica de nuestro sistema acusatorio, porque los ministerios públicos en México no saben articular cuatro palabras correctamente y se expresan fatal. O suponer que los jueces no tendrían que calificar las objeciones en una audiencia de juicio oral porque no distinguen entre una causa y otra (o como dice un amigo muy querido cuando hablamos de un colega notario no tan querido: es tan malo que no distingue entre comodato y arrendamiento). El mismo debate se tuvo hace algunos años cuando se hablaba de la cadena de custodia como una figura jurídica novedosa en nuestro país; no obstante, hoy es una realidad.

El punto medular lo constituye el hecho de que en un modelo procesal penal de corte acusatorio, la contradicción es un principio fundamental. Si la policía se excede en el uso de sus facultades o las utiliza arbitrariamente, los abogados defensores tendrán que hacer la parte que les corresponde, evidenciando tales abusos de manera fundada y motivada y, en su caso, los jueces deberán analizar y pronunciarse sin temores, calificando la ilegalidad de tales prácticas y en consecuencia invalidando los hallazgos al haber sido obtenidos violando derechos fundamentales. Así surgió la teoría de los frutos del árbol envenenado, para desalentar las malas prácticas policiales.

Imagen: ambitojuridico.com
Imagen: ambitojuridico.com

Si cada quien hace la parte que le corresponde para deslegitimar la mala actuación policial y que ello tenga consecuencias jurídico-penales, la capacitación será inevitablemente una prioridad para quieres hoy detentan un poder político que no ha tenido el más mínimo interés en construir una policía eficiente no para sus fines sino para los de la ciudadanía, gastando los recursos públicos destinados para capacitación y equipamiento de sus cuerpos policiacos en compra de votos y propiedades.

No debe perderse de vista que el mando y la conducción de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que no debe eludir ejercer un control efectivo respecto de la actuación de la policía bajo sus órdenes, negándose a convalidar ilegalismos convencionales -como los denomina Foucault- e inclusive absteniéndose de ordenar la práctica de los mismos, como frecuentemente sucede.

Finalmente, aunque sea más sencillo volcar todas las críticas hacia el Máximo Tribunal por un mero examen de constitucionalidad, debe quedar claro que de ninguna de estas problemáticas tiene la culpa la Suprema Corte.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Italy Ciani

Abogada por la Universidad Autónoma del Estado de México, y Maestra en Criminología y Política Criminal el INACIPE. Catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, INACIPE y la Barra Nacional de Abogados. Docente certificada por SETEC. Fue la primera Subprocuradora de Delitos vinculados a la Violencia de Género del Estado de México, logrando obtener la primera sentencia por feminicidio del país. Ha publicado varios artículos y es autora del libro “Si te callas, te mueres. La violencia contra las Mujeres en México”.

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