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Siete años de derechos humanos

Por: Carlos López Kramsky


El próximo domingo 10 de junio se cumplirán siete años de la publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. A siete años de ese hito constitucional es viable hacer un recuento de lo que esta reforma ha significado; creo que el análisis debe partir desde dos planos, el formal y el material. En este texto me concentraré en el primero de ellos.

Fuente: federacionvi.org
Fuente: federacionvi.org

Hay que reconocer que la reforma constitucional del año 2011 significó un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano. Hay un antes y un después de la reforma en materia de derechos humanos y eso es fácilmente apreciable. Antes de ella, nuestro sistema jurídico tenía un esquema rígido, de absoluta verticalidad, en el que la jerarquía de las normas determinaba la vigencia y la validez de otras.

Al resolver un asunto, las autoridades administrativas y jurisdiccionales estaban compelidas a cumplir la ley al pie de la letra, sin importar ninguna otra consideración. Era la época en la que los abogados nos guiábamos por el principio de derecho romano dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley). Bajo esta perspectiva, los abogados teníamos que aprender la ley y los códigos con puntos y comas para poder desempeñar la función. El Derecho tenía un gran componente mecánico pues había reglas inamovibles de aplicación y la interpretación estaba disminuida a su mínima expresión.

La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 cambió esta forma de entender al Derecho con la introducción de principios como el pro persona, el de interpretación conforme, el de no discriminación, así como los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Nuestras leyes pronto se impregnaron con el espíritu de la reforma y hoy es imposible que el Congreso de la Unión apruebe una ley o reforma sin realizar un test de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Ojo, probablemente el Congreso pueda aprobar una ley cuyo texto sea cuestionado como violatorio de derechos humanos, pero sin duda, siempre se lleva a cabo un análisis sobre el tema, en comisiones y el Pleno.

Por su parte, nuestros jueces –en especial los federales- también entraron en la dinámica de protección de los derechos humanos; al principio, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tomó el tema, y conforme fue emitiendo jurisprudencia al respecto, se fue creando el basamento de criterios jurídicos que permitirían que los jueces y magistrados federales pudieran conocer y resolver este tipo de asuntos. Hoy los juzgados de distrito, los tribunales unitarios y los colegiados, emiten criterios judiciales muy importantes en materia de protección de derechos humanos y su labor se ha extendido tanto que sus sentencias obligan a las autoridades a cumplir con acciones que hace menos de diez años hubieran sido imposibles de concebir. Para ejemplo tenemos la gran polémica que han causado resoluciones que obligan a servidores públicos a desbloquear cuentas en Twitter, las relativas al matrimonio de personas del mismo sexo o la que en esta semana instruyó la creación de una comisión de la verdad para la investigación del caso Ayotzinapa. Los jueces se han convertido en un actor social y político relevante, que adquiere tonalidades de factor de cambio a partir de la protección jurisdiccional de los derechos humanos.

En el ámbito administrativo la penetración de la reforma constitucional ha sido menor y todavía encontramos en muchas dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales, a muchos servidores públicos que no solamente desconocen la relevancia de los derechos humanos sino que sistemáticamente se niegan a cumplirlos, adoptando criterios de resolución que en no pocas ocasiones violan el principio pro persona o los derechos humanos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales o en las leyes. Así lo formal, lo material es otra historia.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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