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Sobre el rol de la tecnología en el combate a la delincuencia organizada

Por: Fausto Carbajal


A principios de febrero del presente año, se desplegó un operativo gubernamental en Tepic, Nayarit, contra la organización delictiva de los Beltrán Leyva. A juzgar por las declaraciones oficiales, durante el operativo se dio un enfrentamiento que duró varias horas. No obstante, uno de los elementos que atrajo mayor atención fue el video que circuló en redes sociales y medios de comunicación donde se ve a fuerzas federales disparando una Barret calibre 50 desde un helicóptero artillado.[1] El suceso fue utilizado por actores políticos en la carrera presidencial, tratado por la comentocracia nacional en función de su línea ideológica y defendido por la actual administración.

FOTO: blogqpot.com
FOTO: blogqpot.com

Quisiera aprovechar esta entrada para añadir algunas consideraciones desde el ámbito de la polemología. Particularmente porque éste hecho se inserta dentro de un debate a nivel internacional que tiene que ver con la compleja interacción entre el empleo de la tecnología y el uso de la fuerza militar. Para algunos, la tecnología permite que las fuerzas armadas intervengan en conflictos o casos de violencia a larga escala de forma más segura, decisiva y efectiva. De esta perspectiva se desprende, por ejemplo, el empleo intensivo de drones durante la administración Obama en Irak y Afganistán.

Otros, por su parte, argumentan que la excesiva confianza en las tecnologías emergentes le ha desprovisto al fenómeno de la guerra su componente eminentemente físico, humano, y por lo tanto político. Dicho de otro modo, el empleo de la tecnología tiene potencialmente la capacidad de omitir las implicaciones políticas, sociales y militares del uso de la fuerza. Bajo esta óptica, no hay atajos para la formulación de una estrategia que se precie de ser comprensiva, la cual tendrá que contener dentro de sus prioridades el aseguramiento de la población, la generación de condiciones mínimas de seguridad, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las autoridades locales para reestablecer las actividades productivas y el cumplimiento a la ley.

A primera impresión, este último punto resulta verdad de perogrullo. Pero México no ha estado exento de desviaciones en esta compleja interacción entre el empleo de la tecnología y el uso de la fuerza militar. Casos como el de Nayarit tendrían que elevar el debate sobre los alcances y los límites implícitos en el empleo de la tecnología para combatir a la delincuencia organizada. En modo alguno se está sugiriendo que las Fuerzas Armadas mexicanas tengan que detener el proceso de modernización que llevan a cabo actualmente, pero sin duda la superioridad tecnológica tendría que ser entendida estratégicamente. Es decir, el reto es que el empleo táctico de la tecnología sea un componente más en la lucha contra el narcotráfico. Lo que está sucediendo, por el contrario, es que un recurso táctico está adquiriendo propiedades de política pública. En este escenario, el empleo de la fuerza militar no es más un instrumento para un fin político, sino un ejercicio militar destinado a realizarse por años. A eso me refiero cuando señalo que se ha perdido el control político de la violencia en el combate a la delincuencia organizada, y, en última instancia, se ha terminado por convertir en algo ajeno a su naturaleza.[2] Pero esta cuestión será tratada en la siguiente intervención.

Deseo que hayan tenido felices Pascuas.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Ck_icrFZBNc

[2] https://www.goodreads.com/quotes/1194871-the-first-the-supreme-the-most-far-reaching-act-of-judgment

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Fausto Carbajal

Internacionalista por la Universidad Iberoamericana. Cursó la Maestría en Estudios de Guerra por el King ìs College London, Gran Bretaña. Se ha desempeñado en el servicio público, particularmente en las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación.

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