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Sospecha razonable

Por: Carlos López Kramsky


El 12 y 13 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió las acciones de inconstitucionalidad 10/2014 y 11/2014, que de inmediato causaron un escándalo en redes sociales. La Corte trató un tema sensible en la sociedad mexicana sobre el que cualquiera que esté a favor del respeto y garantía de los derechos humanos hubiera deseado que la resolución hubiera sido en el sentido contrario: la inspección de personas y vehículos por parte de efectivos policíacos. Hay dos posturas sobre el tema que resumimos a continuación.

Foto: yucatan.com.mx
Foto: yucatan.com.mx

Quienes defienden los derechos humanos acusan a la Corte de dar manga ancha a los policías para cometer arbitrariedades ya que el Pleno determinó que es constitucional que los policías inspeccionen personas y automóviles sin control judicial, es decir, sin necesidad de la autorización previa por parte de un juez. Esta interpretación conduce a que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, bajo cualquier pretexto –o incluso sin él- la policía pueda detener a alguien e inspeccionarlo en su persona, automóvil o posesiones que esté transportando. Para cualquier persona que propugne por la vigencia de los derechos humanos esto es una aberración que no debería permitirse.

Pero hay ciertos matices que no se toman en cuenta en esa interpretación y que son precisados por la propia Suprema Corte a través de diversos medios. La Corte aduce que es falso que se haya aprobado que la policía pueda hacer inspecciones a personas y automóviles a su antojo y que sí se aprobó la inspección policíaca sin control judicial solamente en los casos de flagrancia y cuando exista una investigación sobre un delito cometido con anterioridad siempre y cuando exista sospecha razonable de que se está cometiendo el delito o que la persona coincide con las características del sujeto denunciado.

Estas previsiones que la Corte determinó como constitucionales derivan de los artículos 251 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales permiten inspecciones en la persona y en automóviles por parte de la policía en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Esto no es una innovación mexicana pues en otros países –Estados Unidos incluido- se permite este tipo de inspecciones, por lo que el Código Nacional retoma tal disposición y la introduce a nuestro sistema procesal penal, con el ánimo de facilitar la labor policial e investigativa.

Foto: e-veracruz.mx
Foto: e-veracruz.mx

En ese contexto, la Corte resolvió que jurídicamente no existe contraposición con la Constitución ni con los derechos humanos y, desde la perspectiva de ese órgano jurisdiccional que debe emitir juicios sobre hechos pasados y no formular políticas públicas para el futuro, es una decisión correcta centrarse en lo jurídico. Es la mejor expresión del juez acrítico, ciego, sordo y sin opinión.

Pero la Corte ignora la realidad social en la que constantemente atestiguamos cómo muchas policías participan activamente en la comisión de delitos y que en muchísimos casos han sido esas detenciones e inspecciones policiales las que han causado incontables desapariciones de personas, siembra de evidencias, fabricación de culpables y demás atrocidades que son comunes en los periódicos de este país. Además, en México las policías no tienen los controles internos y externos que hay en otras naciones como videograbaciones, protocolos de actuación, madurez del proceso penal, etcétera. Ante esa realidad social ¿la Corte no debería haber tomado una postura más previsora y más proclive a la protección de los derechos de cualquier persona? Opino que sí y que en esta ocasión los ministros que votaron a favor están en deuda con la sociedad mexicana pues bajo la sospecha razonable se abre la puerta para que la arbitrariedad reine sin razón.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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