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Un destape, una incógnita y una elección

Por: Sergio Jesús Martínez Martínez



En las democracias la comunicación social es una herramienta imprescindible para que, por un lado, los gobernadores den cuentas de sus decisiones y acciones a los gobernados, y por el otro, para que estos últimos ejerzan sus derechos de acceso a la información y libre expresión. Sin embargo, en muchas ocasiones las autoridades públicas tienden a gastar cantidades exorbitantes de dinero para comprar espacios en los medios con el fin de construir una imagen positiva de ellos y de su administración, que no necesariamente corresponde siempre con la realidad, y también para premiar o limitar a los concesionarios de los medios en función del grado de afinidad o de crítica que demuestren con respecto a su gobierno.

Foto: animalpolitico.com
Foto: animalpolitico.com

De acuerdo con el informe publicado recientemente por la organización Fundar[1], el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha realizado un gasto excesivo en materia de comunicación social con un crecimiento anual del 7.6%; la suma total de lo que ha gastado en su sexenio hasta junio de este año asciende a 37 mil 725 millones de pesos, cifra que equivale a cuatro veces lo destinado en el 2016 al programa de “Productividad Rural” de la Sagarpa. El informe también señala que Grupo Televisa y Tv Azteca han sido los medios más beneficiados[2]. Y concluye que las cuantiosas cantidades erogadas no tienen un impacto real en el ejercicio del derecho a la información ni en la consecución de objetivos de políticas públicas.

En este sentido la resolución tomada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 15 de noviembre toma una importancia trascendental, debido a que por medio de ésta ordena al Congreso de la Unión a emitir antes del 30 de abril del 2018, una ley reglamentaria del Artículo 134 constitucional, para regular el gasto de los servidores públicos en la adquisición de publicidad oficial. La justificación de esta resolución fue que

“La ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión”.

Esta decisión se vuelve sumamente relevante si tomamos en cuenta la temporada de campañas electorales que se avecina y la cantidad de recursos que han empleado los gobiernos de todos niveles en la compra de espacios publicitarios[3].

De igual manera es importante mencionar que la decisión de la SCJN se derivó de un amparo[4] interpuesto en el marco de la “Campaña Global por la Libertad de Expresión” llevada a cabo por la asociación Artículo 19, quien en dicho recurso señaló que el Congreso mexicano había sido omiso en la emisión de una ley reglamentaria que regulara en específico la contratación de publicidad oficial, tal y como lo marcaba el artículo 8 transitorio de la reforma político-electoral del 2014. De esta manera, el poder legislativo ha estado violando la libertad de expresión y de información, ya que esta requiere de medios libres que sean capaces de transmitirles a los ciudadanos todo tipo de opiniones, señaló Artículo 19.

Aún falta ver si el Congreso cumple con dicho mandato y cómo lo hará, es decir, aún queda conocer si contenido de dicha reglamentación cumplirá con criterios claros en materia de transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos y si logrará que la publicidad oficial se apegue a los criterios establecidos en el Art. 134 constitucional[5]. No obstante, hay dos cosas que hay que reconocer: primero el esfuerzo que se ha hecho desde la sociedad civil organizada, como son los casos de Artículo 19 y Fundar, que han participado proactivamente en la defensa de los derechos a la información y a la libre expresión, en la independencia de los medios de comunicación; así como en la rendición de cuentas de los autoridades y servidores públicos. Segundo, la determinación de la SCJN para emplear su facultad de atracción[6] y dar una resolución positiva al reconocer a un miembro de la sociedad civil como sujeto activo de derecho; y de igual manera, por actuar como contrapeso de los demás poderes de la unión, al hacer que nadie quede exento del respeto de la constitución y las leyes que emanan de ella.

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Sergio Jesús Martínez Martínez, egresado de la carrera en Ciencia política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Investigador en Incide Social. Temas de interés: elecciones, democracia, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y derechos humanos.

[1] Fundar (2017). Contar “Lo bueno” cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal. Ciudad de México.

[2] Tan sólo en el año 2016 Grupo Televisa recibió el 18.75% y Tv Azteca el 10.6% del gasto total en comunicación que realizó el gobierno federal, sumando en conjunto un monto total de 3 mil 148 millones de pesos (Op.cit.)

[3] Fundar también ha realizado reportes sobre el gasto de los estados y los municipios, estos pueden consultarse en: Fundar. http://publicidadoficial.com.mx/?p=2145

[4] Amparo en revisión 1359/2015.

[5] Este artículo establece que la publicidad gubernamental debe de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Asimismo, que prohíbe que en ningún caso debe contener cualquier contenido que implique la promoción personalizada de los servidores públicos.

[6] Anteriormente el amparo impuesto por Art. 19 ya había sido sobreseído por un juez federal en materia administrativa, bajo el argumento de improcedencia ya que dicho recurso legal no era aplicable en materia político-electorales y considerar que la sentencia podía beneficiar a terceros ajenos al caso.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de INCIDE Social

Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que decidieron organizarse para promover valores y principios que compartían respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la participación ciudadana. La organización realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

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