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Un solo código penal

Por: Carlos López Kramsky



En el debate del domingo pasado entre los candidatos a la Presidencia de la República me llamó la atención una propuesta del candidato José Antonio Meade: legislar un solo código penal para todo el país. El candidato no ahondó en las razones que consideró para proponerlo, ni en los efectos que espera lograr, pero dejó las cartas sobre la mesa para discutirlas en un foro más propicio.

Fuente: Ocho Columnas
Fuente: Ocho Columnas

Hay que empezar por el diagnóstico de la situación. En México existen 33 códigos penales vigentes; uno es el Código Penal Federal y el resto son los de las 32 entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México. En el siglo XX todos los códigos eran parecidos y contenían tipos penales y penas similares. Esto debido a que en el siglo pasado, los congresos locales copiaban –literalmente- muchas de sus disposiciones normativas de la Federación.

En este siglo se ha ido incrementando la autonomía y la originalidad legislativa de los congresos locales, estatuyendo cambios que separan a la legislación penal del fuero común de la federal y a las legislaciones locales entre sí. Así las cosas, si bien el delito afecta materialmente de igual manera a todas las personas que lo sufren, en el plano formal, dependiendo de en qué entidad federativa se lleve a cabo el ilícito, tendrá consecuencias jurídicas diferentes. Veamos un ejemplo de dos estados colindantes, Aguascalientes y Jalisco, respecto del delito de homicidio calificado. En Aguascalientes, el homicidio calificado alcanza una pena de entre 15 y 50 años de prisión, dependiendo de la forma en que se lleve a cabo el delito, mientras que en Jalisco amerita una pena de entre 20 y 40 años de prisión. ¿Cuál es la razón por la que en un estado puede tener menos o más penalidad? La discrecionalidad del congreso local.

¿Acaso el acto de privar de la vida a alguien (homicidio) es diferente en Aguascalientes que en Jalisco? No, el daño es el mismo, pero la consecuencia jurídica es diferente e incluso llega a suceder que en una entidad una conducta es considerada delito, mientras que en el estado vecino, ni siquiera está contemplada en el Código Penal. Es en esta diversidad en la tipicidad y en la punibilidad en la que se enmarca la propuesta del candidato Meade y me parece que gane quien gane la Presidencia, debe retomarla para generar un cambio de paradigma en el sistema penal sustantivo por razones de eminente justicia pero también por practicidad.

Un sistema penal uniforme asegura formalmente que las conductas que son catalogadas como delitos porque lesionan intereses, valores y bienes que son considerados como valiosos por la sociedad, tengan el mismo tratamiento y la misma pena en cualquier lugar de la República. En ese sentido, la unidad del sistema normativo penal sería una primera garantía de protección a esos bienes jurídicos tutelados. Pero ésta es solo la punta del iceberg, pues la mera expedición de un código penal único no va a cambiar la realidad que vivimos. Se requiere una serie de acciones adicionales para que ello sea un motor de cambio.

La reconfiguración del sistema penal debe partir de una previa reconstitución del sistema de competencias valorando, en su caso, la viabilidad de que las de la Federación y las del fuero común sigan existiendo en los mismos términos que las tenemos hoy. Esto implica hacer un análisis muy profundo sobre por qué la competencia federal surte dependiendo del agente activo del delito, es decir, de la persona que cometió la conducta y no por la naturaleza del ilícito. ¿Qué diferencia existe entre un homicidio cometido por un servidor público federal en ejercicio de sus funciones y otro cometido por un ciudadano? Para la víctima y para el bien jurídico tutelado, ninguna; entonces, ¿por qué uno (servidor público federal) debe juzgarse por autoridades federales y el otro (ciudadano) por las autoridades de fuero común, que son notoriamente más ineficientes? Esa es la pregunta que hay que resolver.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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