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Uruguay vs Philip Morris: Una lección sobre regulación legal de drogas

Por: Aram Barra


El 19 de febrero de 2010 la tabacalera internacional Philip Morris inició un juicio contra el Gobierno de Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En su queja, la tabacalera argumentó que la legislación antitabaco del Uruguay devaluaba la inversión de la compañía bajo el acuerdo comercial UruguaySuiza (la compañía está basada en Lausanne, Suiza).

La semana pasada, después de años de litigio, la CIADI falló a favor del Uruguay. Con ello, las políticas de regulación legal de las drogas ganaron terrero frente a intereses comerciales de particulares. Quizás aún más importante, el caso sirve como una importante lección para el campo de la salud pública con respecto a las drogas de uso personal y su regulación legal.

Diversos grupos conservadores en México como los Centros de Integración Juvenil, Sin mota somos más o la Unión Nacional de Padres de Familia suelen repetir ad nauseam dos falsos argumentos en contra de la legalización de la marihuana: 1) que la regulación legal de la marihuana dispararía los niveles de consumo en una espiral incontrolable, y 2) que el sistema de control legal no ha logrado, en el caso del alcohol y el tabaco, limitar el consumo.

Con respecto al primer punto, existe abundante evidencia en casos como Países Bajos, Suecia y Estados Unidos de que las políticas estrictas de prohibición no logran reducir la prevalencia de consumo de marihuana. Muy por el contrario, como se ve en México, la prevalencia se mantiene a la alza a pesar de la dura política represiva de Felipe Calderón y su continuación en la administración de Enrique Peña Nieto.

En lo que se refiere al segundo punto, las políticas de control del tabaco han logrado reducir la prevalencia de consumo de la droga. De hecho, de 2005 a 2011, el consumo de cigarros en Uruguay se redujo 4.3% por año y hoy Uruguay mantiene una tendencia a la baja en la prevalencia del consumo, particularmente entre sus jóvenes.

Cabe recordar que Uruguay legalizó el mercado de la marihuana en diciembre del 2013. Al igual que con el tabaco, un mercado regulado de marihuana con controles por parte del Estado es, la política más responsable que hemos encontrado para controlar la prevalencia de consumo

Aún más, Uruguay demuestra un compromiso insuperable en América Latina en la materia. Por un lado, ha establecido un modelo de control legal de la marihuana y, por el otro, ha defendido sus políticas restrictivas del tabaco. Ambas políticas han sido defendidas por el Gobierno de Uruguay bajo el amparo de su soberanía nacional y primando la salud pública.

El 1 de marzo de 2006, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en prohibir el consumo de tabaco en espacios cerrados (espacios libres de humo, como se le llama en la CDMX). Además, la primera administración de Tabaré Vázquez estableció 6 estrategias para reducir la prevalencia del uso de tabaco.

Parte de su política incluía prohibir la venta de diferentes presentaciones de la misma marca de cigarros, diseminar advertencias sobre los riesgos de fumar que cubran al menos 80% del empaque de la cajetilla, alzar la tasa impositiva a la venta al menudeo, y prohibir la mercadotecnia en medios de comunicación o el patrocinio de competencias deportivas.

Estas medidas son hoy reconocidas como políticas esenciales para reducir la prevalencia del consumo de tabaco tanto por grupos conservadores contra las drogas como por la Organización Mundial de la Salud. El fallo de la CIADI la semana pasada reconoce, además, que son medidas que el Estado puede instrumentar para proteger la salud pública.

Ante los alentadores resultados de estas medidas de política pública para lograr su objetivo, nadie se atreve hoy a sugerir prohibir el tabaco con ayuda del derecho penal.

FOTO: kinja-img.com

A nadie se le ocurre proponer que a quien se le encuentre con un cigarrillo de tabaco en la mano se le encierre por entre 10 meses y 3 años, y a quien se le encuentre vendiendo uno o dos cigarros se le castigue con entre 3 y 6 años de prisión. Estas son, en cambio, las penas actuales definidas por la Ley General de Salud para dichos comportamientos en relación con marihuana.

Al igual que con el tabaco, la regulación legal de la marihuana protege la vida y la salud pública, pues establece controles responsables y adecuados al consumo de la sustancia. Al igual que en el caso de Philip Morris vs Uruguay, con un mercado regulado y controlado se privilegia la salud pública por sobre los intereses económicos de particulares (organizaciones criminales en el caso de la marihuana).

Por esto llama la atención que ninguno de los grupos conservadores antes mencionados se haya hasta el momento de redacción de este texto, pronunciado sobre el caso de Philip Morris vs Uruguay.

¿Será quizás que su lucha es en realidad una batalla moral, y no una de protección de la salud pública? ¿Será que no logran terminar de reconocer que los mercados legales son la única forma de controlar la prevalencia de uso de drogas?

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Aram Barra

Internacionalista por la UDLA México y maestro en política y administración pública por New York University y University College London. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos.

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