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Violencia política contra las mujeres

Por: Monserrat Castro y Esther E. Albarrán



La violencia de género es una situación que se vive día a día dentro de la sociedad mexicana, que menoscaba los derechos fundamentales de las mujeres y que se manifiesta en diversas modalidades como la familiar, laboral, docente, político, institucional, social, entre otras.

Hoy en día con la inserción de las mujeres en el campo laboral y político nos encontramos con modalidades de violencia que en otros tiempos serían inimaginables, una de ellas es la violencia política.

Imagen: elheraldospl.com.mx
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Dentro de la legislación mexicana pocos estados prevén este tipo de violencia dentro de su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre los que se encuentran Oaxaca que la define como:

Cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad; así como impedir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.[1]

La violencia política daña directamente el derecho humano de las mujeres a votar y ser electas en cargos de elección popular, que puede presentarse desde que son precandidatas hasta en el ejercicio del cargo y pone en riesgo su voluntad para tomar decisiones, su participación en el ámbito público, la libertad e incluso la vida. Este tipo de violencia es comúnmente cometida por servidores públicos, partidos políticos, medios de comunicación, sin embargo, también es efectuada por la sociedad en general.

A pesar de que el 3 de julio de 1955 fue la primera vez en el país que las mujeres ejercieron su derecho a votar en elecciones federales y que a partir de 1993 se han llevado a cabo diversas acciones afirmativas para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ámbito político, existen prácticas que vulneran la participación política femenina como la simulación de registros, desigualdad en la distribución de los recursos dentro de las campañas electorales, diferencias en los tiempos repartidos en medios de comunicación, amenazas directas o a familiares, agresiones verbales, físicas, sexuales, hasta homicidios.

Foto: centropúblico.com.mx
Foto: centropúblico.com.mx

En la actualidad la participación de la mujer en la vida pública ha incrementado paulatinamente, pues según datos de la CNDH para el mes de mayo de 2017, la participación de las mujeres en la integración de la Cámara de Senadores fue de 49 senadoras (38.28%) de un total de 128.[2] Asimismo, de las 500 personas que integran la Cámara de Diputados, 213 (42.60%) son mujeres.[3]

Sin embargo, a pesar del lento aumento de la participación femenina en la política, en 2015 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reportó la existencia 38 casos de violencia política contra de las mujeres durante el proceso electoral de 2014-2015 en los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.[4]

Por todo lo anterior, es necesario tomar conciencia sobre el tema por la cercanía de las elecciones del 2018, de igual manera es preeminente legislar específicamente sobre la materia, para evitar este tipo de situaciones en los que se vulneran los derechos humanos de la mujer, pero no basta con plasmarlo únicamente en el plano legislativo, sino que es primordial trascender dichas acciones y obligaciones en la vida real.

Aún queda un camino largo para lograr la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito político, pues persiste un entorno donde reinan estereotipos, roles de género, discriminación en contra de las mujeres y desigualdad de derechos. Por lo que es necesario realizar campañas de sensibilización en partidos políticos, instituciones públicas y ciudadanía que empodere a las mujeres en la vida política del país, crear verdaderas políticas públicas donde no solo se utilice el papel de la mujer para ostentar un cargo, sino que en verdad exista la paridad de género no sólo en las candidaturas electorales, sino que se manifieste dentro de la ocupación de órganos de representación popular, garantizando así el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en igualdad con los hombres.

[1] Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, Artículo 7° fracción VII, 2017, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LXIII Legislatura Constitucional.

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Diagnóstico de la Participación Equilibrada de Mujeres y Hombres en los Cargos de Elección Popular en México: Principales Resultados de los Procedimientos Electorales 2015 Y 2016 para la Elección de Presidencias Municipales, CNDH México, p. 71, 2017.

[3] Ibídem, p. 75.

[4] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, et. al, Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, pág. 13, Editorial Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016.

Monserrat Castro Mondagrón es licenciada en Derecho por la UNAM. Esther Elizabeth Albarrán Martínez es licenciada en Derecho por la UNAM. Twitter: @EstherAlbarran3

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