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Violencia política contra las mujeres: el techo de cristal

Por: Jessica Aguilar


Fue en el 2015 la visibilización del término violencia política, a falta de una legislación y un marco normativo específico en México y de la omisión de la autoridad en la creación de políticas públicas eficientes. Preventivamente, se realizó el Protocolo para atender la violencia política contra mujeres, el cual pretendió orientar a las Instituciones respecto al comportamiento para sancionar casos de violencia.

La Constitución, Tratados Internacionales y Convenciones[1]reconocen el principio de igualdad, el derecho de los ciudadanos/as de participar en la dirección de los asuntos públicos. El Protocolo, es una iniciativa del TEPJF y del INE, además de otras instancias. Éste ha sido ineficaz para combatir el problema de la violencia política, pues sigue vulnerando, transgrediendo y violando el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales.

Foto: asraargentina.org
Foto: asraargentina.org

La existencia del machismo y del patriarcado, sigue representando para las mujeres en la política el “techo de cristal”. Es decir, las mujeres alcanzan cierto rango, pero existe una limitación para ascender. No hay una limitación explícita, pero son discriminadas o truncadas en su desarrollo personal y profesional.

La violencia política, un depredador que asecha las Administraciones Públicas y los partidos políticos. La nula cultura de la denuncia en violencia política, ha hecho que las mujeres permitan denostaciones y omisiones que anulan y menoscaban el reconocimiento de sus funciones.

Los agresores, según el art. 442 de la LEGIPE, son agentes del Estado, altos funcionarios, subordinados, servidores públicos, compañeros de trabajo, dirigentes o líderes de partidos, militantes, medios de comunicación, etc. Su objetivo, es minimizar labores partidistas o de gobierno que realizan las mujeres.

La violencia política está tan normalizada en el ámbito público, político y electoral, que las mujeres minimizan la gravedad de los hechos y sus consecuencias. La obstaculización de la participación de las mujeres en las elecciones, la desestimación y descalificación de sus propuestas, las agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias son ejemplos de violencia política.

Foto:  milenio.com
Foto: milenio.com

El caso de Delfina Gómez Álvarez, ex candidata a Gobernadora por MORENA, víctima de una campaña clasista y de discriminación por su condición de género, quien interpuso una queja por violencia política, misma que no prosperó por considerar que cumplía solo tres de los cinco elementos bajo los cuales se aplica el protocolo.

El acoso laboral y sexual perpetrado a mujeres en los partidos políticos y administraciones públicas va acompañado de descalificaciones y comentarios denigrantes de colegas de trabajo quienes sustentan que las mujeres obtienen posiciones a cambio de favores sexuales u obediencia. Vergonzoso que las mujeres duden de la capacidad intelectual y profesional de otras mujeres contribuyendo a la violencia política.

La violencia política, es resultado de una degradación en el tejido social y de la descomposición del Estado. Estamos en la cultura de “aguantar”, los mexicanos toleran la violencia, corrupción, impunidad por parte de actores políticos, Instituciones de Gobierno, y partidos políticos. Las MUJERES tenemos derecho a una vida libre de violencia y a denunciar hechos que laceren nuestra dignidad.

[1] Artículo 23 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Jessica Aguilar

Politóloga y Administradora Pública, Maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UAEM, Abogada por la UVM y Maestrante en Periodismo Político por la Universidad Carlos Septién García. Diplomada en Derecho Electoral por la UNAM, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México por el CIDE, miembro del IAPEM A.C. Asesora legislativa, catedrática y servidora pública en el gobierno municipal, Presidenta Municipal suplente y actual Defensora de los Derechos Humanos de Texcoco.

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