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Violencia y retroceso democrático

Por: Sergio Jesús Martínez Martínez



De acuerdo con la clásica definición Max Weber, la principal característica que define al Estado, es el monopolio de la coacción física legitima[1]; es decir, la propiedad que distingue al Estado de otras formas de organización social es el uso legal y exclusivo de la fuerza física, siempre y cuando tenga como fin asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos que lo integran.

Fuente: La Hoja de Sonora
Fuente: La Hoja de Sonora

Por otro lado, un régimen de gobierno democrático es aquel en el que se realizan elecciones como mecanismo de competencia pacífica para la conquista y sucesión del poder político; esto implica que el Estado por medio de su aparato constitucional-legal (Estado de Derecho) garantice un ambiente de orden y seguridad como precondición mínima para el correcto desarrollo de las contiendas electorales.

Sin embargo, cuando el Estado por omisión o incapacidad, no puede garantizar un nivel mínimo de bienestar y seguridad a sus integrantes, corre el peligro de perder el monopolio de la fuerza física legitima ante organizaciones ilegales, como lo es el caso de los grupos que integran el crimen organizado; lo cual, además de las graves implicaciones sociales que conlleva, también tiene efectos negativos para la democracia, ya que el proceso democrático se ve en riesgo de ser interrumpido y reemplazado por la lógica de la coacción ilegitima, es decir, de la violencia.

Durante la última década el fenómeno de la violencia se ha profundizado y extendido a lo largo y ancho de todo el país, y el ámbito político no ha sido la excepción. En este sentido, parece ser que existe una cierta correlación entre niveles de violencia política y elecciones, debido a que en tiempos electorales suele aumentar el número de agresiones en contra de políticos, particularmente en aquellos que buscan ser o son candidatos que ocupar un puesto de elección popular a nivel local.

Como ejemplo de lo anterior, conforme a los datos difundidos por la Consultora Etellekt[2], tenemos que en lo que va del actual proceso electoral, desde septiembre pasado hasta el día 9 del presente mes, han sido asesinados 112 políticos de todos los partidos políticos y en todos los estados, sobre todo, en el nivel local. Entre las víctimas de esta ola de violencia se encuentran: candidatos, precandidatos, ex alcaldes y alcaldes, regidores, militantes y, hasta familiares y gente cercana a las figuras políticas.

Fuente: Noticieros televisa
Fuente: Noticieros televisa

Asimismo, dicha consultara informa que se han registrado un total de 401 agresiones (amenazas, intimidaciones, asaltos y ataques físicos que, la gran mayoría de las veces, involucran el uso de armas de fuego) en contra de políticos en 31 estados y 263 municipios (el 10 por ciento de los municipios del país), sobre todo en las entidades federativas del centro del país, como lo son Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Como bien menciona Jesús Silva-Herzog, esto que está pasando en los estados de la república, representa la “negación misma del proceso democrático”, porque antes de haber una competencia efectiva por el voto se imponen las balas como medio de elección[3].

En otras palabras, la violencia es incompatible y diametralmente opuesta a la democracia porque no sólo impacta de manera perniciosa al proceso electoral sino también deteriora a la representatividad política debido a que desincentiva la participación de aspirantes[4] y ciudadanos, afecta la calidad de los candidatos y condiciona su permanencia, en dado caso de que ganen, en los puestos públicos al cumplimiento de las exigencias y caprichos de los grupos delincuenciales.

A saber, gracias a la escalada de violencia que sufre el país debido a la incapacidad de prevención y reacción del Estado (incluidas las autoridades electorales) para establecer las condiciones mínimas de seguridad que garanticen la transición pacífica del poder y a la pérdida del monopolio de la fuerza antes organizaciones criminales, no sólo tendremos las elecciones más grandes de la historia en términos de cargos públicos a elegir y de recursos a materiales y financieros a utilizarse, sino también las más violentas desde la época posrevolucionaria y pre institucional, donde los cargos públicos se asignaban por medio de la violencia y las balas. En consecuencia, estaremos frente a un grave retroceso democrático.

[1] M. Weber (2011). La política como vocación.

[2] Datos tomados de la nota publicada por el periódico Excelsior el 9/06/2018. Véase en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/elecciones-mexico-2018-112-politicos-asesinados/1244292

[3] “Votar con sangre”, publicada en el periódico Reforma el 11/06/2018.

[4] Tan sólo en el estado de Guerrero se han presentado ante el Instituto electoral local, más de 90 solicitudes de sustitución a casusa de la violencia que sufre el estado. Véase en: http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/17-candidatos-en-guerrero-sustituidos-tras-renunciar-por-violencia

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Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que decidieron organizarse para promover valores y principios que compartían respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la participación ciudadana. La organización realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

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